Cultura UNAM

El 68 mexicano en la guerra fría interamericana

M68 / dossier / Octubre de 2018

Soledad Loaeza

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A medio siglo de los acontecimientos que desencadenó la protesta de los estudiantes de educación superior de la Ciudad de México en el verano de 1968, seguimos buscando explicaciones sobre porqué y cómo ocurrieron. Pese a que fue una crisis interna, el contexto internacional de aquellos años nos da algunas respuestas, así como el contexto nacional. Al término de la Segunda Guerra Mundial se consolidó una alianza sin tratados entre México y Estados Unidos. Muchas eran sus ventajas; por ejemplo, el acuerdo tácito de que la seguridad estratégica de la superpotencia se extendía más allá de su frontera sur hasta incluir a todo el territorio mexicano. Esta definición era crucial para la superpotencia vecina en una época —la primera Guerra Fría, entre 1945 y 1963— en que el conflicto con la Unión Soviética parecía inevitablemente destinado a resolverse en una pavorosa guerra nuclear, pese a que en América Latina como en Europa la dimensión dominante de esa rivalidad era la ideológica y política. El temor a la influencia del comunismo fue desde 1945 la línea rectora de la política de Estados Unidos hacia América Latina. En 1959, la victoria de los revolucionarios cubanos que lideraba Fidel Castro sacudió el orden hemisférico y cimbró las estructuras de poder de todos y cada uno de los países de la región. El temor que por dos décadas había abrigado Washington de que la Unión Soviética infiltrara su área de influencia natural pareció materializarse en la fascinación que la experiencia cubana ejerció entre los jóvenes latinoamericanos, y en el surgimiento de movimientos guerrilleros y oposiciones que vieron en esa experiencia un modelo. En México la Revolución Cubana también tuvo un poderoso impacto; uno de los efectos fue exacerbar las divisiones internas, pero su influencia fue limitada y en cierta forma tardía, en relación con otros países de la región que no eran vecinos inmediatos de Estados Unidos y no tenían un pasado revolucionario; estas dos características de la situación me­xicana explican que las reacciones a la experiencia cubana hayan sido más lentas y también menos profundas que en otros países del hemisferio. Sin embargo, no pudo escapar del todo a su influencia, que en cierta forma hizo su aparición en el movimiento estudiantil de 1968, más como un fenómeno cultural antes que político, como referente simbólico antes que como modelo de acción. No obstante, el ascendiente cubano sobre fuerzas políticas y estudiantes de educación superior sonó la voz de alarma en el gobierno y entre los grupos más conservadores de la sociedad, concentrados en las clases medias. La rivalidad soviético-americana fue el eje de la reorganización del orden internacional al término de la Segunda Guerra Mundial, a partir del cual se formó una estructura bipolar que dividía al mundo en dos bloques adversarios, pero para 1968 había perdido la intensidad de la primera década. Después de más de diez años de vivir al borde del precipicio de una guerra nuclear, el antagonismo entre la Unión Soviética y Estados Unidos se había regionalizado, la división de Europa entre las dos esferas de influencia se había estabilizado y la disputa se había desplazado a Asia y África. La Revolución Cubana atrajo el conflicto a América Latina, el área de influencia natural de Estados Unidos. Mexico había estado a salvo de los golpes militares y de las dictaduras que habían marcado la historia de otros países latinoamericanos en la posguerra. Parecía que había logrado sustraerse a la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hasta que el movimiento estudiantil despertó en muchos el temor de que la influencia cubana hubiera empezado a cobrar efecto. ¿Acaso la protesta estudiantil era producto de la influencia cubana? De ser así, ¿era una crisis de Guerra Fría? ¿Enfrentaba México una conspiración comunista, la puesta en escena de la confrontación básica de la Guerra Fría en su propio territorio? Preguntas como ésas asaltaron sobre todo a funcionarios del gobierno de Estados Unidos que desconfiaban del gobierno mexicano, de lo que consideraban sus veleidades progresistas, su solapado antiimperialismo y del oportunismo de su política exterior. Las inquietudes y la inseguridad que causaba en Estados Unidos la revolución cubana se explican porque, a diferencia de lo que ocurrió en Europa o en Asia, hasta la radicalización de la Revolución Cubana en 1960, en el hemisferio la Guerra Fría no había sido un enfrentamiento directo con la Unión Soviética, sino que más bien se trató de una serie de conflictos limitados entre Estados Unidos y países latinoamericanos que quisieron modificar su régimen político o su modelo de crecimiento. Casi todas las propuestas de cambio que surgieron en América Latina en la posguerra despertaron las suspicacias de Washington, y fueron rechazadas porque la Casa Blanca y el Departamento de Estado creían que un cambio de régimen en un país latinoamericano ponía en juego el orden hemisférico en su conjunto. El movimiento estudiantil mexicano de 1968 no tenía el potencial de convertirse en el origen de un cambio radical del sistema político, pero la represión de que fue objeto parece indicar que algunos lo creyeron.

Espero, Silencio, Madrid, 1937

En el verano de 1968 una ola de protesta se adueñó de la vida universitaria de manera simultánea en París, Berlín, Londres, Tokio, Madrid, Nueva York. Los estudiantes de educación superior de la Ciudad de México se sumaron a lo que parecía ser un movimiento universal para derribar las fronteras y las jerarquías que había establecido la disciplina del mundo bipolar de la posguerra. Sólo que, si en los países democráticos la organización de la protesta era el ejercicio de derechos fundamentales que no ameritaba automáticamente sanción ni castigo, en el caso de los estudiantes mexicanos esa movilización era una aventura riesgosa, como todo movimiento de oposición cuya mera existencia era una ofensa a las pretensiones de unanimidad del poder, en el país de las mayorías parlamentarias masivas que el PRI le entregaba al presidente cada tres y seis años. Inicialmente, el movimiento pareció una imitación de las protestas que sacudieron a otros países. Al menos así lo creyeron muchos funcionarios, líderes políticos y padres de familia que reaccionaron escandalizados por la protesta antigobiernista de quienes parecían ser los principales beneficiarios de la prosperidad que había asegurado el mismo orden político contra el cual se manifestaban. Los estudiantes de educación superior vivían una situación de privilegio en un país donde el acceso a ese nivel educativo estaba reservado a una minoría. Sus mayores miraban con temor —no exento de admiración— la irreverencia y la insolencia con que los estudiantes se dirigían a la autoridad presidencial, porque para ellos no había motivo alguno de descontento, pero también por las implicaciones de esas actitudes. Muchos de ellos prefirieron ver en la movilización estudiantil una “imitación extralógica” de motivaciones ajenas, comportamientos y causas artificiales. La sospecha de que la protesta era una imitación de los estudiantes parisinos o de sus colegas de la Universidad de Berkeley en California, o Columbia en Nueva York, empezó a desvanecerse conforme pasaron los días. Aparecieron otras interpretaciones que sostenían que los estudiantes eran víctimas de la manipulación de un gobierno extranjero. Los primeros sospechosos fueron los revolucionarios cubanos, pero esa versión muy pronto se vino abajo, por falta de evidencia; ni siquiera los carteles con la imagen del “Che” Guevara que algunos portaban durante las marchas, y que les valió el reproche de acogerse a héroes extranjeros, le prestaron credibilidad a la acusación, y la denuncia de la conspiración comunista no corrió con mejor suerte. En cambio, las particularidades del arreglo político mexicano le impusieron un sello distintivo a la experiencia. A diferencia del desenlace de los movimientos estudiantiles de otros países, donde las vacaciones estivales disolvieron buena parte de la protesta, en México el conflicto se prolongó hasta el otoño, pese a que sus objetivos era relativamente modestos, aunque vitales para la salud de la limitada democracia mexicana de entonces. La protesta de los estudiantes era incomprensible para muchos que creían que México era un país excepcional en el conjunto latinoamericano. Durante dos décadas había registrado una tasa anual de crecimiento de 6%, y un proceso importante de movilidad social que había nutrido las filas de las clases medias; el sistema político había desarrollado mecanismos de solución de conflictos efectivos, aunque poco democráticos, porque oscilaban entre la represión y la cooptación, y el espacio para la oposición —incluso institucionalizada— era muy estrecho, lo mismo que para la organización y la participación políticas independientes. El PRI ejercía casi un monopolio de esas funciones. El reclamo de los estudiantes no iba más allá de la reivindicación de las garantías individuales contenidas en la Constitución (libertad de expresión, libertad de reunión y de petición a la autoridad), y sin embargo fue percibido como un reto que amenazaba la ya para entonces legendaria estabilidad política mexicana. Para el gobierno, la movilización de los jóvenes era como un puño cerrado porque el diálogo con ellos fue imposible; la comunicación entre las dos partes no tuvo lugar porque no había canales de interlocución, mecanismos de diálogo confiables y funcionales. El Congreso estaba subordinado al presidente de la República, el PRI era un instrumento presidencial que servía para controlar más que para representar o para articular demandas: si acaso las escuchaba, las bloqueaba; los partidos de oposición eran minorías irrelevantes, la prensa estaba mayoritariamente al servicio del poder. Es decir, el presidente mexicano tenía pocos instrumentos para gobernar, una carencia que en situaciones de conflicto lo conducía casi irremediablemente a la represión. La continuación del movimiento puso al descubierto los costos de estas limitaciones. Gustavo Díaz Ordaz optó por hablar públicamente y en forma directa a los estudiantes, y a lo largo de esas difíciles semanas varias de sus intervenciones públicas tuvieron esa intención; por ejemplo, el 1º de agosto en Guadalajara hizo un llamado a la conciliación patriótica y extendió una rama de olivo: “Una mano está tendida: es la mano de un hombre que a través de la pequeña historia de su vida ha demostrado que sabe ser leal”. No obstante, los estudiantes también se sentían amenazados y tampoco creían en la buena fe de las ofertas de Díaz Ordaz; las acciones policiacas en su contra les daban más de un motivo para desconfiar; de suerte que su respuesta a la “mano tendida” fue el grito “mano podrida”. Sin que hubiera habido más que muy débiles intentos de acercamiento, la movilización estudiantil terminó trágicamente en el atardecer del 2 de octubre, cuando otra manifestación —que algunos creían que sería de las últimas de un movimiento que se había debilitado simplemente por cansancio— fue brutalmente agredida por militares que dispararon contra la multitud desarmada. Menos de dos semanas más tarde el presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró la XIX Olimpiada. En la memoria colectiva 1968 evoca el movimiento estudiantil y la balacera del 2 de octubre en Tlatelolco, pero pocos recuerdan que ese mismo año México fue la sede de los Juegos Olímpicos, una distinción codiciada internacionalmente que era una oportunidad para mostrar al mundo los logros de lo que se conocía como el “Milagro mexicano”.

Gráfica del 68

El recuerdo de aquella tarde en la plaza de Tlatelolco se convirtió en una referencia obligada para la comprensión de la segunda mitad del siglo XX mexicano. El populismo de Luis Echeverría, el acelerado desarrollo de la guerrilla en los años setenta, la guerra sucia del gobierno echeverrista en su contra, el reformismo de José López Portillo y de su secretario de gobernación, Jesús Reyes Heroles, el crecimiento de la educación media y superior, la lucha por el respeto al voto y el combate al fraude electoral, la pluralización de las fuerzas políticas, el reconocimiento de los derechos de las minorías, el subcomandante Marcos y la derrota de la vía armada, la movilización electoralista y la reducción del PRI a la condición de minoría casi irrelevante, todos o casi todos los temas de la evolución política del país desde 1970 encuentran un referente inicial, un punto de partida en el acto represivo en Tlaltelolco que puso fin al movimiento estudiantil. Mucho se ha señalado que el anticomunismo del presidente Díaz Ordaz fue el origen de su intolerancia frente a la protesta estudiantil. Sin embargo, esta interpretación dominante no toma en cuenta el contexto internacional en el que transcurríó su sexenio. El análisis de ese contexto y de las condiciones políticas internas indica que al presidente Díaz Ordaz le preocupaba más el intervencionismo del presidente Lyndon Johnson, que en 1964 había apoyado un golpe militar en Brasil y el establecimiento de una dictadura, y en 1965 había enviado más de 50 mil marines a la República Dominicana. En ambos casos justificó su decisión con base en el argumento de que respondía a la ofensiva del comunismo internacional. El sello del conflicto capitalismo/comunismo o democracia/totalitarismo está impreso de manera indeleble en la trayectoria de inestabilidad, revoluciones fallidas, golpes de Estado y dictaduras militares con que se tejió la desoladora historia de la segunda mitad del siglo XX en América Latina. Sin embargo, y pese a la obsesión estadounidense con el expansionismo soviético, ese impacto no provenía de la confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino de tensiones interamericanas; de la presión de una superpotencia que creía que su hegemonía regional estaba amenazada, más por los cambios en el interior de los países latinoamericanos que por la supuesta ofensiva soviética. Por esa razón es más apropiado hablar de Guerra Fría interamericana que de Guerra Fría a secas. Desde 1945 el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos había acordado dar prioridad al hemisferio en sus planes de defensa. También advirtió que no toleraría la extensión de un sistema político extracontinental en la región, y que tampoco permitiría la injerencia de “ideologías extranjeras, explotación comercial, arreglos de cartelización o cualquier forma de influencia no-hemisférica” porque necesitaba que su “flanco sur” fuera estable, seguro y amigable. El único interés de Estados Unidos en América Latina era mantener el statu quo regional. La razón por la que se oponían a los cambios internos en los países del área era porque pensaban que el orden hemisférico dependía de la estabilidad del orden político interno de cada uno de los países latinoamericanos. Hasta 1960, en términos generales, los intereses estratégicos de la Unión Soviética en América Latina fueron muy limitados, y este país tampoco dedicó muchos recursos a socavar la hegemonía de Estados Unidos en la región, pues los soviéticos analizaban la realidad internacional en términos de Realpolitik y creían en el determinismo geográfico. Consideraban que América Latina era la esfera de influencia de Estados Unidos que había que respetar, y esperaban que el gobierno de Washington respetara su propia área de influencia. No fue sino hasta la radicalización de la Revolución Cubana, en 1960, que estuvieron dispuestos a invertir recursos materiales y diplomáticos en la región; una vez establecidos en Cuba estuvieron más empeñados en ser una piedra en el zapato estadounidense que en extender la experiencia revolucionaria en América Latina. La Revolución Cubana descalificó la hipótesis de los estrategas estadounidenses. En lo inmediato fue mayor su impacto sobre el orden interno de cada uno de los países del área que sobre el orden hemisférico. Prácticamente ninguno de ellos escapó a la fascinación de la experiencia cubana, y la consecuencia de ese efecto fue la sacudida de estructuras y relaciones internas; pero la hegemonía de Estados Unidos en la región siguió siendo la misma. Desde la guerra, México había establecido una fluida cooperación política con Estados Unidos. Esta relación fue un medio para crear un margen de maniobra relativa que le permitió al país mantener cierta autonomía de decisión. Para los gobiernos mexicanos del período 1946-1970, la mayor ventaja de la confianza que generó la cooperación fue la autonomía para la solución de los conflictos internos. Así se aseguró de que Estados Unidos no interviniera en los asuntos de política interna, y gracias a ello no sufrió la violenta confrontación ideológica izquierda-derecha que en otros casos desembocó en dictaduras militares, golpes de Estado y movimientos guerrilleros. Los marines no desembarcaron en playas mexicanas, los buques de guerra de Estados Unidos nunca se apostaron frente a las costas del país con ánimo amenazante, y los militares mexicanos no abandonaron los cuarteles para instalarse en el gobierno federal. Gracias a esta política, la Guerra Fría como la que vivieron los europeos y los asiáticos no llegó a México ni siquiera en 1968

Gráfica del 68, Centro de Organización y Fomento de Actividades Académicas del IPN. Sin título [Che Guevara], 1968

Imagen de portada: Gráfica del 68. Equipo permanente de grabado Esmeralda, Escuela, 1968