Los jesuitas asesinados. Reflectores de la violencia en La Tarahumara

Violencia / dossier / Septiembre de 2022

Marcela Turati

Los rarámuris, lo mismo ancianos que niños, danzan en círculos, en un hipnótico e interminable vaivén a lo largo del templo para acompañar a los difuntos que duermen en los féretros de madera. Cada tanto, alguno de los danzantes sale de la fila, se arrodilla y a las prisas se santigua ante las fotografías del padre Gallo y del padre Morita para reincorporarse de inmediato al pascol con el que encaminan a los sacerdotes a su encuentro con Onorúame-Eyerúame, el Dios Padre y Madre.

​ Los rasguños de violines y guitarras y el choque de las sonajas llenan el templo de San Francisco Javier, sede de la misión jesuita del poblado de Cerocahui, en la Sierra Tarahumara. En la casa parroquial contigua, sentados en bancas que rodean el jardín, otros convidados al velorio de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora toman café y se calientan del frío mientras tratan de digerir la tragedia de la que varios se enteraron por un mensaje de Whatsapp enviado la noche del 20 de junio de 2022.

Ya no puedo callar y necesito compartirles mi dolor. Me llamaron de Cerocahui para decirme que “El Chueco”, cabeza de delincuentes, acababa de matar a Javier Campos y Joaquín Mora, ambos hermanos míos jesuitas. Lo tuve que callar porque había amenazas sobre la comunidad si acaso hablaban. La noticia ya corrió y empiezan los operativos para buscar al homicida, quien, además, se llevó los cuerpos.

​ Así comenzaba el mensaje del padre Javier Ávila. Todavía en la velación del sábado 26, ya con los cuerpos recuperados, sigue siendo difícil entender que “El Chueco”, aquel treintañero conocido desde chico por los sacerdotes y quien lidera un ejército de sicarios desde hace años, en una rabieta explosiva por la pérdida de un partido de béisbol mezclada con una noche de desvelos, drogas y venganzas asesinas, matara a los respetados curas por haber intercedido por un guía de turistas agonizante, o quizás ya un cadáver, que fue llevado a rastras por las calles de Cerocahui y arrojado en el altar.

​ El nombre y el apodo de José Noriel Portillo Gil, “El Chueco”, no se mencionaban en el velorio porque este pueblo está sometido al silencio. Los rarámuris y los chabochis que asisten a la despedida de los jesuitas se notan asustados por tanto periodista tomando fotos y tanta cámara de televisión apuntando a los rostros. Saben que meterse con “El Chueco” y dolerse por sus víctimas puede costarles caro.

©Antonio García, *Rarámuri*, 2018. Flickr©Antonio García, Rarámuri, 2018. Flickr

​ Pero la tristeza es tanta que esta noche vence al miedo. Lo supera porque el difunto es Javier Campos, el anciano cura que quiquiriqueaba como gallo, que bautizó y casó a todos en el municipio (posiblemente al propio “Chueco”), el buen conversador que lo mismo hablaba en español que en rarámuri y rarómari, a quien la gente recuerda visitando casa por casa, dando ride en el camino, llevando máquinas de coser de pedal a las mujeres en las barrancas donde ni electricidad había, y quien organizaba peregrinaciones anuales a la Basílica de Guadalupe en camiones que iban cargados de feligreses que luego se enfilaban a Cancún o a cualquier playa. Y porque el otro muerto es el padre Joaquín, “Morita”, un hombre callado, tranquilo, espiritual, que se indignaba con la pobreza y quería correr la suerte de los más pobres.

​ Mora y Campos compartieron la suerte de su pueblo, en estos parajes verdes de montes arbolados, de aroma a pino y firmamentos pintados con colores intensos, donde el Cielo convive con el Infierno que representa vivir en el corredor cercano al “Triángulo Dorado”, lugar donde coinciden Chihuahua, Sinaloa y Durango, sus escarpados territorios, sus riquezas naturales y la extrema pobreza de la mayoría de sus habitantes, y donde el megaproyecto del narcotráfico desplaza comunidades, asesina, amenaza y desaparece gente, toma por la fuerza mano de obra esclava, envenena voluntades y da trabajo a tanta gente.

​ “Todos sabemos que se habían salvado de milagro, que eso podía haberles pasado desde hace mucho tiempo; escribe algo”, me comentó un amigo periodista cuando la noticia de sus muertes se abrió paso. Seguí rumiando sus palabras, “se habían salvado”, pensando su frase, y estoy de acuerdo. En este texto comienzo a repasar los episodios de lo que he visto en La Tarahumara, y que podrían ofrecer algunas claves sobre estos asesinatos.

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1993: “Ahí vienen los chutameros”

Escuchamos cada vez más cerca el corrido norteño, los cantos de borrachos y el rechinar de llantas de una camioneta. Es de noche en el municipio de Guachochi y el grupo de maestras voluntarias de la Telesecundaria 6126 del pueblo de Yoquivo y yo nos guiamos por la luz de luna para regresar a casa. Escuchamos que una de nuestras acompañantes nos advierte asustada: “Ahí vienen los chutameros”.

​ Todas nos alejamos de la carretera y nos escondemos de cuclillas entre los árboles. No sé qué es un chutamero pero percibo el miedo de las demás. La camioneta deja una nube de polvo a su paso; nosotras nos levantamos y apretamos el paso.

​ Desde mi llegada a ese pueblo de dos mil habitantes escucho los debates y preocupaciones de las monjas que coordinan la telesecundaria.

​ La madre superiora pelea una batalla perdida de antemano con los adolescentes por que no escuchen los narcocorridos del famoso cantante sinaloense acribillado Chalino Sánchez, ni usen gorras y ropa con logotipos de plantas de marihuana o la figura de Malverde, y por que las mujeres se casen por la iglesia y no simplemente se dejen robar por sus pretendientes.

​ Años después entendí que estaba en un pueblo narco, que muchas familias se dedicaban a la chutama, a la marihuana o a la amapola cultivada rumbo a la barranca que conecta con Batopilas. Pero en ese entonces ser chutamero no era lo que es ahora.

©Francisco Gamero, *Vivir con ansiedad*, 2021. Cortesía del artista©Francisco Gamero, Vivir con ansiedad, 2021. Cortesía del artista

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2007: “¿Aquí cuál era su destino?”

Catorce años después de que mis alumnos de la Telesecundaria 6126 se graduaran volví a Yoquivo con una fotografía del fin de curso para buscar a los diecisiete adolescentes (once varones que posaban con botas y camisa vaquera y seis mujeres con un tocado de flores sobre la blusa) que en 1993 fueron festejados porque habían llegado más lejos que sus padres y eso suponía un porvenir distinto para ellos.

​ De los egresados, solo tres mujeres estudiaron el bachillerato. Una esperó una década para que se abriera el telebachillerato en el pueblo, las otras dos tuvieron que emigrar a las ciudades. Una es maestra de educación física. Salvo dos que atienden su propia tienda, el resto de la generación se sostiene como mano de obra y son pintores, albañiles, jardineros, instaladores de ductos, cocineras, meseras, obreras de maquiladora y choferes de camiones.

​ Dos alumnos de la clase estaban muertos: uno por un accidente, otro asesinado a tiros. Y otro, un rarámuri, estaba desaparecido.

​ Un padre de familia que entrevisté en aquel viaje me dijo que al ver la frustración de sus diez hijos varones por no conseguir trabajo en el pueblo toda la familia migró a la ciudad.

Con tal de que no estuvieran en los arroyos sembrando mota me los llevé, porque ¿qué más puede hacer la gente de aquí? […] Aquí no hay opción de nada, si estudian tienen que irse a otro lado a buscar trabajo, ¿de qué les sirve el estudio si no salen de aquí? Tienen que irse.

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2008: “Estábamos sobre un polvorín”

Un año después de aquel reportaje, en 2008, viajé a Creel.

​ Esta vez fui para reportear los sucesos ocurridos el 16 de agosto, cuando una caravana de la muerte formada por tres camionetas atiborradas de sicarios entró al pueblo, recorrió las calles de trazo recto sin un policía que la detuviera, llegó al campo donde recién terminaba una carrera de caballos, interrogó a varios asistentes, se dirigió a una bodega en la que unos muchachos jugaban carreras descalzos, sacó sus metrallas, disparó contra diecinueve, hirió a uno, mató a trece —entre ellos a un bebé—, salió rechinando las llantas por la calle principal, pasó frente a la iglesia donde el cura oficiaba misa y cruzó varios pueblos sin que nada se lo impidiera.

​ La maestra Gloria Lozano, quien perdió en esa masacre a su único hijo, me comparte durante la entrevista una anécdota: una colega suya dedicó su clase a hablar mal de las drogas para dejar claro a sus alumnos que se alejaran de ellas. Otro día uno de sus estudiantes le mostró fotos de su familia. Ella notó, entre el paisaje del patio, matas de marihuana. Ya no volvió a sermonearlos.

​ En esa casa de ladrillo de dos pisos con fachada estilo cabaña los retratos de René Lozano González (diecisiete años) y su primo, Óscar Felipe Lozano Lozano (diecinueve), reciben a las visitas desde la entrada. Uno es el hijo de Gloria y el otro el de Ana Luisa, su hermana, quien también perdió a su único hijo. Las Lozano siempre cuidaron que sus hijos no se acercaran mucho a los narcos del pueblo, esos vecinos que de una cosecha a otra se volvían importantes, estrenaban autos, caballos, sombreros y remodelaban sus casas.

​ Desde aquel día, la gente se guardaba al anochecer en sus casas y cerraba las cortinas. Por un tiempo desaparecieron las fiestas de los hoteles rústicos. Solo algunos turistas despistados caminaban en las noches por el pueblo sin alma, acompañados del concierto de ladridos de perros, a veces intensificado por el rechinar de camionetas o por algunos disparos.

​ “Cada vez que despertamos se nos revuelve el estómago. Esto es un marranero. Las películas se quedaron cortas”, comenta Ana. Por su parte, Gloria cuenta que esa masacre —considerada la primera del sexenio de Felipe Calderón— le hizo entender que en Creel había comenzado “la guerra”.

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2014: “Ya controlan las elecciones”

Estamos en una escuela en la Sierra Tarahumara, en un taller al que acuden defensores de derechos humanos y trabajadores de organizaciones sociales, donde el tema propuesto para analizar es la violencia. Esa violencia de la que no se puede hablar pero que se recrudece.

​ En varias entrevistas que hice a partir de esos años escuché siempre lamentos sobre lo que tenían que ver y callar quienes trabajaban en proyectos de acompañamiento a las comunidades de la sierra, por miedo o porque solo así aseguraban que los ejércitos de sicarios que ocupan los territorios les permitieran seguir allí.

​ Recuerdo algunos testimonios de lo que la gente no había podido denunciar en público:

“Cuando dimos la vuelta a una curva vimos un grupo de sicarios apuntándonos, pero nos reconocieron y nos dejaron pasar”. “No me dejaron medir los límites de la tierra en disputa porque llegaron sicarios a preguntar qué hacía”. “Me asaltaron, ya no quiero estar aquí”. “Me mandan mensajes por las noches con insinuaciones amorosas y fotos de sus pistolas”. “En la comunidad hubo una masacre y hasta seis meses después pudimos salir y hasta ahora pudimos contar lo que pasó”. “Quemaron a una familia entera con llantas”. “No podemos pedir en misa por las víctimas porque a la gente y a los sacerdotes les da miedo”. “Nadie quiso repartir nuestros folletos contra la tala porque era como criticar a los narcos”. “No es momento de hablar…”

©Vania Pizaña, sin título, 2021. Cortesía de la artista©Vania Pizaña, sin título, 2021. Cortesía de la artista

​ Aunque el ejercicio de escritura terminó en 2014, en 2017 tuve que anotar en la bitácora de hechos:

Asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada, por denunciar a los candidatos impuestos por narcotraficantes y que la policía de doce municipios ya era controlada por los cárteles. Su frase: “El silencio es complicidad”. También exilio temporal de la corresponsal de Proceso, Patricia Mayorga, única voz constante de lo que ocurre en la sierra. Silenciamiento de la mayoría de los medios en el Estado.

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2022: “¿Hasta cuándo la impunidad?”

Portillo Gil, el asesino de los jesuitas y del guía de turistas Pedro Palma, no era un desconocido. Un técnico forestal que conoce bien la sierra me dice que es sabido que controla la siembra, producción y trasiego de amapola en la zona del barranco y la parte alta de la Tarahumara, en los municipios Urique, Uruachi y Guazapares. Ha puesto a presidentes municipales y responde al cártel de Los Salazar (que trabaja para el cártel de Sinaloa y es responsable del asesinato de la periodista Miroslava Breach). El sacerdote Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A. C. (COSYDDHAC) y quien el 25 de junio dio el mensaje en la misa de cuerpo presente en Chihuahua (en la que dijo “los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir tantos balazos” y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que recapacite su política de seguridad para detener el “río de sangre” en México), habló en entrevista del poder corrosivo de la impunidad.“Ese miedo consciente o inconscientemente (a denunciar) lo genera, lo aumenta y lo provoca el gobierno por la impunidad y la ineficacia tan grande”. Este sacerdote octogenario, contemporáneo de Mora y Campos y habitante de la Tarahumara desde hace 47 años, también manifestó:

[Con el asesinato] se prendieron los reflectores porque mataron a dos padres de una institución mundialmente conocida como la Compañía de Jesús, pero siempre lo he dicho, ojalá no dejemos de ser los reflectores y podamos ampliarlos para que se vean y se iluminen los miles de muertos que hemos tenido.

Para él, lo que pasó en Cerocahui pasa en toda la sierra, no solo en el municipio de Urique, ya que cada territorio tiene sus propios “narcos que se roban el bosque”, que todo el mundo conoce y matan a quienes los denuncian, que se adueñaron de la venta de alcohol, que extorsionan a la gente, que tienen amenazadas a las comunidades y reclutan, a la fuerza o solo con promesas, a los jóvenes.

Imagen de portada: Campo de amapolas, s.f. Dreamstime CC.