Ni tú ni yo ni el Estado mexicano entendemos a la generación Z

La generación Z o “zoomers” ha ocupado la atención pública reiteradamente en los últimos meses, sea como subtexto pretendido de manifestaciones contra la administración federal o, más recientemente, con el foco que se ha puesto sobre los therian. Entre estos y otros eventos, como suele suceder con la generación que constituye “la juventud” en determinado momento de la historia, la conversación de los que no somos zoomers gravita en torno a entenderlos, etiquetarlos o pensar en cómo “ayudarlos”, actitudes que orbitan una constelación de emociones que van de la extrañeza al paternalismo bien intencionado. Estas disposiciones hacia las juventudes no son raras ni nuevas, hoy son más éticas que el circuito miedo-represión que primaba hasta bien entrada la década de 1980, pero aun así tienen un defecto notorio: nos proyectan hacia la preocupación y la angustia, que producen ceguera de túnel. La idea de este texto es pensar fuera de la angustia para contestar una pregunta importantísima: ¿las políticas del Estado mexicano muestran una comprensión del mundo que enfrentan los zoomers?

La dualidad de la Gen Z

Cualquier conversación basada en el concepto de “generaciones” está cargada de ambigüedad. Incluso si estamos de acuerdo en los años de nacimiento que enmarcan a una generación —yo hablo de los zoomers como las y los nacidos de 1997 a 2012—, lo que no siempre sucede, hay una dualidad que, usualmente, no es atendida. ​ Por un lado, y éste suele ser el foco de atención, una generación tiene rasgos únicos, es decir, que no comparte con ninguna otra. En el caso de la Z, su singularidad radica en haber sido socializada desde la infancia en entornos digitales permanentes, en los que la interacción está mediada por pantallas, la información —y la desinformación— viaja sin que cueste buscarla o acceder a ella y la identidad se construye en un diálogo continuo en las redes sociales. Las y los zoomers fueron educados en la simultaneidad, la multitarea y la brevedad en un mundo marcado por la crisis económica de 2008 y la pandemia. Ahora que son adultos, los zoomers experimentan trayectorias laborales fragmentadas por la inercia del capitalismo tardío —por las revoluciones informáticas, pero también por sus crisis—, a lo que se suma el estrés por la amenaza creciente de ser reemplazados por inteligencias artificiales o por personas especializadas en el uso de esta tecnología.¹ Difícilmente hallarás una generación cuya vida esté más tintada por el riesgo y la incertidumbre. Y todavía hay gente que se burla de que 90 % de los(as) zoomers tenga manifestaciones psicológicas y hasta físicas de estrés agudo.² A esto se añade el haber llegado a un mundo en el que muchas instituciones sociales se están desmoronando sin decantarse aún en nuevas regularidades, como el matrimonio, la monogamia, la familia nuclear, etcétera. Aunque los zoomers se caracterizan por dar respuestas saludables y sofisticadas a estas condiciones, el hecho de que no se consoliden nuevas instituciones y sólo existan estados transicionales como el “poliamor” tiene costos biográficos innegables que se materializan en la dificultad de satisfacer necesidades en una civilización que premia lo convencional con mayor acceso a recursos, prestigio y estabilidad. Para la generación Z, ser humano es un ejercicio que demanda una amplísima, reiterada y estresante lectura del entorno para obtener recompensas cada día más devaluadas o inestables.

Un animal indistinguible, 2024.

​ Por otro lado, y ésta suele ser la parte no atendida o entendida, toda generación es una expresión de la continuidad friccional de la cultura en la que está inmersa. La matriz cultural mexicana no sólo moldea muchos de los patrones de comportamiento de la generación Z del país, sino que también le presenta desafíos que crean fricción con los nuevos patrones. En aspectos gastronómicos, lingüísticos, expresivos y represivos, esta generación replica mucho de lo que caracteriza a las mayorías en México: baja confianza interpersonal, poca fe en la política, alienación del aparato productivo, aprecio por lo justo y lo práctico, gusto por lo cítrico, lo picante y lo herbal, entendimiento y gestión minuciosa del espacio personal, cierta tendencia al oportunismo, así como una fiera reticencia a gestionar y expresar emociones negativas. Los y las zoomers son tan mexicanas como quien más. No obstante, en el terreno de la navegación del mundo social hay un elemento de fricción duro que no podemos pasar por alto para responder nuestra pregunta central —¿las políticas del Estado mexicano muestran una comprensión del mundo que enfrentan los zoomers?—: para las mayorías, pero especialmente para quienes son más vulnerables, acceder a lo que ofrece el gobierno como servicios, programas y políticas públicas está inscrito en lo que llamo “ecosistema de acceso a lo público”, el cual entra directamente en conflicto con los usos de una generación criada con pantallas, pues reposa ampliamente en la socialización, la interacción, la negociación y la presencia física.

El ecosistema de acceso a lo público

Una gran antropóloga llamada Larissa Adler describió hace algunos años una dinámica que explica la funcionalidad de lo público en México: el soporte que ofrecen ciertas estructuras paralelas para que las personas puedan navegar la vida social. Las y los mexicanos hacen un uso intensivo de sus contactos y de las instituciones, desde sindicatos hasta los(as) vecinos(as), para conseguir bienes y servicios públicos —y privados, en ocasiones—, sea empleos, materiales de construcción, respuesta a sus reclamos y, por supuesto, acceso a programas sociales, laborales y de desarrollo económico. Adler concibe estas estructuras como redes informales, es decir, como arreglos entre personas que no están contemplados en leyes, reglamentos o instructivos, pero pueden recurrir a ellos cuando los necesitan. ​ Para poder participar en estas estructuras paralelas es indispensable socializar: conocer a la gente indicada, tener presencia en ciertos espacios e involucrarse en los rituales de socialización básicos, desde la plática ligera hasta asistir a eventos institucionales. A esta combinación de costumbres y soft skills podemos llamarlas “tecnologías de la presencialidad”.³ Una condición estructural que es posible inferir de este conjunto de rasgos o de esta sección de la matriz cultural mexicana es que la socialización, que cumple varias funciones, está fuertemente orientada hacia la supervivencia y el bienestar materiales. A diferencia de las sociedades que tienen códigos más sofisticados y extendidos y costos de transacción más bajos para gestionar la participación de los individuos en la vida material (por ejemplo, el honor, la neutralidad del mercado laboral), los mexicanos dependen mucho de la confianza que produce la interacción personal, la cual en varios espacios, como la interacción con el gobierno, tiene un peso mucho mayor en las formas de asociación que las reglas formales. Esto se sostiene aún después de la pandemia, pues, aunque el gobierno federal y varios gobiernos locales han impulsado la digitalización —especialmente en los últimos dos años—, 52 % de los trámites aún se realizan en las oficinas públicas.⁴

Por favor, no creas lo que dicen de mí, 2025.

​ La lejanía que brinda la digitalidad, es decir, el mundo privado de las y los zoomers, funciona como una extensión de otra clase de códigos que permiten, por ejemplo, el teletrabajo. Aquí emerge el punto crítico para nuestra discusión. Si el acceso efectivo a lo público en México depende en gran medida de tecnologías de la presencialidad —la interacción cara a cara, la construcción de confianza interpersonal, la participación en rituales sociales—, entonces la distancia entre estas exigencias y los hábitos de una generación socializada en entornos digitales permanentes no es trivial. Los zoomers no sólo enfrentan los mismos trámites que el resto de la población: deben hacerlo en un ecosistema que privilegia modos de socialización que no corresponden con sus patrones de interacción. La pregunta deja de ser si los jóvenes participan en lo público y pasa a ser si el diseño mismo de lo público es inteligible para ellas y ellos.

Las políticas públicas

Este problema se vuelve más claro cuando observamos cómo distintas sociedades han intentado ajustar sus políticas juveniles a las formas de vida contemporáneas. En la Unión Europea, por ejemplo, la Garantía Juvenil establece un compromiso institucional explícito para ofrecer a los jóvenes empleo, educación o capacitación en plazos definidos, mecanismos de registro claros —dicen los encargados del programa— y puntos de acceso identificables.⁵ En Canadá, la estrategia federal de empleo juvenil articula redes de intermediarios institucionales que canalizan apoyos mediante plataformas digitales y organizaciones especializadas —algo como lo que Adler identifica en América Latina, pero en el “norte global”—.⁶ Australia ha desarrollado sistemas de atención en salud mental juvenil que combinan la presencia física con el acceso remoto, mientras que Corea del Sur ha impulsado instrumentos de inclusión financiera para los jóvenes operados casi enteramente mediante aplicaciones bancarias.⁷ Aunque distintos entre sí, estos programas comparten un rasgo: reconocen que el acceso efectivo de las nuevas generaciones depende de reducir la fricción con las instituciones y de adaptar los canales de interacción a sus formas de socialización, sin suprimir la variedad de éstos. ​ Ahora bien: el contraste con el caso mexicano resulta instructivo. En nuestro contexto, el acceso a los bienes públicos continúa descansando de manera desproporcionada en la presencia física, la intermediación personal y la movilización de redes informales, pese a que, por diseño, muchos programas gubernamentales ya tienen canales de acceso 100 % digitales. Sin embargo, éstos suelen coexistir con procedimientos presenciales obligatorios, requisitos excesivos o circuitos de validación que reintroducen costos de transacción —lo que en la literatura especializada llamamos “cargas administrativas”—. El resultado es un ecosistema de acceso que presupone habilidades de navegación social que no necesariamente corresponden con la experiencia formativa de la generación Z.

​ Este desfase puede observarse con claridad en uno de los programas emblemáticos de la política juvenil en México: Jóvenes Construyendo el Futuro. Si se observan sus supuestos socioantropológicos subyacentes, es evidente que esta política da por sentado que la integración laboral es, ante todo, un proceso de socialización presencial: exige disponibilidad para la copresencia cotidiana, adaptación a jerarquías organizacionales rígidas, aprendizaje situado mediante la observación directa y construcción de confianza interpersonal con tutores y compañeros. Estas premisas reflejan una concepción del trabajo propia de generaciones formadas en entornos analógicos en los que la interacción cara a cara constituye el principal mecanismo de coordinación y reconocimiento. Sin embargo, para una cohorte socializada en la mediación digital, habituada a modos de comunicación asincrónicos, a la gestión autónoma del tiempo y a entornos de interacción menos jerárquicos, estos requerimientos pueden representar no sólo costos prácticos, sino una experiencia francamente alienante. En la generación Z las dificultades de permanecer en un lugar, la baja vinculación efectiva o la rotación de personal no necesariamente indican falta de compromiso individual: pueden (y suelen) expresar una fricción estructural entre el modelo de integración que propone el programa y las formas contemporáneas de habitar el trabajo y la vida social.

MTR, 2023.

​ Los propios datos de Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) muestran límites claros. Desde 2019, más de 3.3 millones de jóvenes han pasado por el programa, pero la inserción laboral posterior ha sido insuficiente: evaluaciones oficiales estiman que sólo entre 27 % y 35 % de los egresados de JCF logra incorporarse a una actividad productiva o a un empleo formal tras su participación.⁸ Al mismo tiempo, la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan en México se mantiene prácticamente sin cambios —alrededor del 18.9 %— pese al aumento sostenido del gasto público en el programa. Estas cifras sugieren que las dificultades de permanencia y de vinculación con el mercado laboral no pueden entenderse sólo como problemas operativos, sino que se insinúan como síntomas de una tensión más profunda entre el modelo de integración que propone el Estado y las condiciones reales bajo las cuales esta generación habita el mundo del trabajo… o el mundo en general. ​ Lo que está en juego, entonces, no es únicamente la eficacia de un programa específico, sino la correspondencia entre el modo en que el Estado imagina al joven y la forma en que ellas y ellos gestionan sus deseos y sus proyectos de vida. La administración pública federal, especialmente en este sexenio, ha reformulado muchos trámites y programas con una visión tan precisa como adecuada: mezclar la digitalidad con la interoperabilidad, la presencialidad y la gestoría de terceros, lo que ayuda a abatir la exclusión administrativa. Sin embargo, como muestra la política laboral juvenil —en el gremio les llamamos Active Labor Market Policies—, estamos aún lejos de ofrecer a los jóvenes, en este caso a la generación Z, una política que les permita participar en el mundo adulto en sus términos, pero sin paternalismo y con la opción, quizá, de no sólo adquirir habilidades para el trabajo, sino también para la vida. Ser un(a) buen(a) conversador(a) siempre ayuda, ¿no?

Imagen de portada: Ikaro Erevna, Desde los pensamientos de las fotografías, 2024. Todas las imágenes son cortesía del artista.