La emergencia climática

A lo largo de los últimos 25 años se ha debatido sobre los problemas que surgieron a causa del denominado cambio climático o calentamiento global, un fenómeno que está retando a científicos de todo el mundo, pues su evolución ha traído muchos más impactos de los predecibles. Tan sólo en la última década se ha señalado que cada año que pasa es más caliente que el anterior. 2019 fue un ejemplo claro de que el cambio se está acelerando. Como evidencia, ese año ocurrieron los peores incendios forestales observados en Brasil, México, Estados Unidos y, a finales de 2019 y principios de 2020, en Australia. Es posible que esos incendios hayan terminado con masa forestal que no podrá recuperarse en por lo menos 100 o 200 años, según sea el tipo de bosque, y lo que quizá es aún más alarmante es la afectación de cientos de especies que habitan en los ecosistemas dañados. En artículos periodísticos se habla de que los incendios en Australia produjeron la muerte de cerca de 500 millones de animales.¹ Aunque el problema se ha convertido ya en una crisis, la respuesta política global ante esta amenaza constante y creciente, sin embargo, ha sido deplorable y de ninguna manera está a la altura de las necesidades que se derivan del cambio climático. Lo alarmante es que no es el primer signo de alerta; como señalé al inicio, la comunidad internacional ha debatido y negociado este tema durante más de 25 años. El retraso en la respuesta nos tiene hoy ante una clara emergencia climática que podría significar el último llamado para la humanidad y para muchas especies en el planeta.

Los límites del régimen internacional de cambio climático

Los más de 25 años de negociación por el clima se han dado desde antes de que se creara la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), nacida en 1992 y que entró en vigor en 1994. A partir de entonces, esta Convención ha alojado las discusiones internacionales entre 194 países que se reúnen año con año para hablar de retos, responsabilidades y obligaciones en la materia. Es verdad que ha habido avances, y la elaboración del Acuerdo de París en 2015 es muestra de ello; sin embargo, el régimen también ha tenido fallas como el incumplimiento del Protocolo de Kioto, creado en 1997, y cuya entrada en vigor se dio hasta 2005. El Acuerdo de París representa un mayor avance respecto al Protocolo de Kioto, principalmente porque incluye compromisos para todos los países y porque establece una meta mucho más tangible: estabilizar emisiones para evitar un incremento de más de 2 ºC en la temperatura planetaria y seguir las acciones para evitar un aumento de 1.5 ºC.² Sin embargo, el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicado en 2018 dejó claro que el objetivo del Acuerdo es cuestionable, pues en lugar de promover 2 ºC como límite, deberíamos estar trabajando a marchas forzadas para evitar un aumento de 1.5 ºC.³ Lo anterior porque aunque 0.5 ºC parece mejor, el informe permite entender que la diferencia en cuanto a los impactos ambientales que habría puede ser enorme. Un dato que está claramente entre los más alarmantes es que en un escenario de 2 ºC estaríamos hablando de la pérdida de 99 por ciento de los corales marinos, frente a una pérdida de 75 por ciento en un escenario de 1.5 ºC. Ambas consecuencias hipotéticas son lamentables de cualquier modo. El informe anual del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) sobre las brechas de emisiones ha señalado que el problema, además, es que los compromisos que los países han puesto en el marco del Acuerdo de París (llamadas también “contribuciones nacionalmente determinadas”) firmados en 2015, no sólo no son suficientes, sino que no está claro si serán cumplidas en tiempo. En su reporte de 2019 el PNUMA señala que los compromisos acordados hasta ahora podrían inducir un aumento de la temperatura de 3.2 ºC, lo que representaría una amenaza incluso para la existencia de la humanidad.⁴ En este sentido, el objetivo es reducir en 45 por ciento las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2030, para evitar una catástrofe global.

Cumbre del Clima, Naciones Unidas, 2014. Fotografía ONU / John Gillespie.

La principal crítica al régimen internacional de cambio climático ha sido lo limitado de los acuerdos obtenidos y su falta de acción frente a la urgencia. Sin embargo, estas limitaciones versan sobre dos grandes fuerzas opuestas, por un lado, la incapacidad, y en muchos casos falta de voluntad, para poner en marcha las acciones requeridas para reducir emisiones e incrementar la resiliencia y la capacidad adaptativa; por otro, la escasa movilización de financiamiento que permita ponerlas en marcha. Esto no por falta de dinero, sino por un nulo interés en la transición. Aunque la emergencia debería movilizar a más naciones a comprometerse políticamente, actualmente hay un mayor número de países que están desistiendo de sus compromisos, como Australia, Estados Unidos y Brasil. Y aunque cada vez se ha destinado más dinero para atender el cambio climático, la realidad es que las inversiones en combustibles fósiles siguen a la alza. El propio Comité Permanente de Financiación de la Convención señaló en su último informe bianual, publicado en 2018, que el flujo de financiamiento climático incrementó 17 por ciento en el periodo de 2015-2016 con respecto al de 2013-2014, llegando tan sólo en 2016 a representar 681 mil millones de dólares.⁵ Sin embargo, las inversiones en combustibles fósiles representaron 742 mil millones, mientras que los subsidios fueron de al menos 373 mil millones en el mismo año.⁶ Debajo de estas cifras subyace un profundo debate geopolítico que todos conocen pero poco se discute en las salas de negociación. Es clara la desigualdad entre países: están los grupos más vulnerables y menos culpables y los grupos más responsables y, cínicamente, los menos interesados en que la emergencia sea atendida. Un sector sobre el que se puede ejercer presión es, sin duda, la producción de combustibles fósiles. Nombrar estas diferencias es altamente complicado pero muy importante para entender por qué a veces parece que no vamos a ningún lado. Dadas las distintas visiones y responsabilidades, cualquier acuerdo que lleve al consenso, por menos ambicioso que sea, será “bien” recibido. Sí, la regla del consenso que predomina en la Convención es uno de los grandes lastres del sistema, pero quizá lo único que ha mantenido el multilateralismo en la agenda climática, pues si se votara por mayoría, quizá muchos Estados ya se habrían salido, como es el caso de los países árabes. Y es tal vez lo que explica el proceso de salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París, que bajo el mandato de Trump no ven que el sistema pueda darles la razón, y prefieren abandonarlo antes que acordar algo que represente una amenaza a sus intereses petroleros. La Convención ha construido un régimen de los mínimos y si bien es importante ante el problema, es absolutamente insuficiente frente a la emergencia. Por eso el régimen tiene un límite, porque en donde se verán los grandes cambios será en cada país y en el cúmulo de acciones nacionales que, sumadas, puedan atender el problema de fondo. Lo lamentable es cuando esa trayectoria nacional camina en sentido opuesto, como sucede en México.

México, en la trayectoria equivocada

México había sido reconocido como líder en materia de cambio climático, particularmente durante la gestión del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, pues durante su sexenio se dieron algunos pasos importantes en el tema, como la propia creación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC). Aunque es menester señalar que la ley nació gracias también a una creciente masa crítica en el país, tanto dentro como fuera del gobierno. El tema de cambio climático había cobrado fuerza y aun con la llegada del expresidente Enrique Peña Nieto, quien no tuvo la agenda más fuerte en la materia, se mantuvo activa la participación de México a nivel internacional, pues la existencia de la LGCC obligó a su gobierno a continuar con las acciones. Al mismo tiempo se dio un avance en la transición del sector energético, entre otras cosas, con la publicación de la Ley de Transición Energética, derivada de la reforma energética del 2013 y que motivó un incremento en la inversión en energía renovable. La política climática había mantenido un ritmo constante, hasta que la llegada del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cambió su rumbo. No es sólo el debilitamiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de los recortes presupuestales, sino también y más importante, es la inyección presupuestal que la denominada Cuarta Transformación ha dado al sector petrolero, con la abierta declaración de que el rescate de Petróleos de México es la vía para salvar al país. Lo anterior no puede estar más alejado de la realidad en un momento en que las reservas petroleras van a la baja y la decadencia ambiental por la actividad petrolera y extractiva va a la alza. Tan sólo las reservas probadas de “petróleo crudo equivalente” pasaron de 13,438.5 millones de barriles en 2014 a 8,483.7 en 2018.⁷ El problema tampoco es sólo la inversión en combustibles fósiles sino además la inversión en técnicas como el fracking que son ambiental y socialmente dañinas. El Comunicado de la Sociedad Civil Mexicana ante la COP25 señaló que para el presupuesto de 2019 el gobierno asignó 6,005,260,392 pesos para dos proyectos de Pemex Exploración y Producción (PEP): “Aceite Terciario del Golfo” (ATG) y “Aceite y Gas en Lutitas” y que, para el tercer trimestre de 2019, el gobierno ya había gastado 74 por ciento de dichos recursos.⁸ Esto además contradice lo que AMLO prometió en campaña sobre no hacer uso del fracking.⁹ Aun así, el actual presidente de México señaló que no hay por qué anunciar la emergencia climática¹⁰ si hay programas muy exitosos como Sembrando Vidas, cuyos efectos conocidos son que ha motivado a poblaciones a talar sus árboles para entrar al programa con la siembra de árboles frutales, acabando quizá con importantes sumideros de carbono.¹¹

Movilización ciudadana, gritos de auxilio

La emergencia climática no ha tenido eco en la clase política de varios países, incluido México, pero no así en buena parte de la población, que se ha dado cuenta de que el fenómeno trae consigo impactos reales y que ya está teniendo costos económicos y ambientales. Esto ha provocado que un movimiento ciudadano encabezado por jóvenes, niñas y niños salga a la calle, inspirado por la joven sueca Greta Thunberg, de ahora 17 años y quien, sin tapujos, ha alzado la voz para decir lo que muchos han callado.

Marcha por el clima #3, Londres. Fotografía de Socialist Appeal 2019.

El movimiento juvenil desatado con fuerza en 2019 es un grito de auxilio de generaciones enteras que comienzan a cuestionar el futuro del que serán parte. Y es que los impactos del cambio climático son cada vez más tangibles y evidentes, por lo que la población no puede mantenerse alejada del problema. Cada vez es más difícil hacer oídos sordos. La creciente movilización, que está motivando demandas a la clase política, deberá generar en el corto plazo un nuevo esquema de participación ciudadana. En este nuevo sistema la población también tendrá que asumir otra forma de operar, empezando por cambiar sus hábitos de consumo, privilegiando las inversiones en aquellas actividades y productos que sean más amigables con el medioambiente, y cambiando la forma en la que se involucra en la toma de decisiones y en el quehacer político. Votar ha sido una vía expresión ciudadana para elegir dirigentes, pero es verdad que ha sido un modelo fallido para las grandes mayorías, sin embargo, los movimientos recientes que se han organizado en América Latina, por ejemplo, dan muestra de que la población tiene un gran poder que debe aprender a ejercer.
La crisis climática ha demostrado que no hay modelo político o económico capaz de hacerle frente, por lo que se hace necesario pensar en un nuevo esquema de bienestar humano, que posibilite la existencia en armonía con el ambiente y con la naturaleza y que le permita a las poblaciones presentes y futuras diseñar una forma de subsistencia que hoy está amenazada por los impactos del cambio climático. El tiempo corre y quedan sólo diez años para actuar de manera urgente, eficiente y disruptiva; como señala el IPCC, de no hacerlo se estaría condenando el futuro de la humanidad y de millones de especies de flora y fauna. La acción es global y ciudadana.

Imagen de portada: Refinería Rodeo en California. Fotografía de Thomas Hawk, 2008.