Autonomía universitaria como garantía constitucional: libertad académica, gobierno propio y responsabilidad pública

El 15 de enero se celebró el “Diálogo universitario, autonomía universitaria y fiscalización superior: límites, equilibrios y corresponsabilidades”, enmarcado en la celebración del 103 aniversario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Allí, el rector de la UNAM dictó la conferencia que se reproduce a continuación y que remarca la importancia histórica de la autonomía universitaria, así como su papel en la movilidad social de los egresados de las instituciones públicas de educación superior.

Autonomía universitaria: origen, sentido y vigencia

La autonomía universitaria es una conquista comunitaria histórica, una condición indispensable para la vida académica y una responsabilidad pública permanente para las instituciones que gozan de ella. Es el atributo que permite a las universidades cumplir con su misión esencial: generar conocimiento, formar personas críticas y contribuir al desarrollo social con libertad, rigor y compromiso ético. ​ En México y América Latina surgió como una respuesta a la necesidad de proteger el pensamiento crítico, la ciencia y la cultura frente a presiones externas, políticas o ideológicas. En su origen, fue una demanda impulsada por estudiantes y académicos que aspiraban a que la universidad no fuera un apéndice del poder, sino un espacio libre para enseñar, investigar y debatir. En nuestra región, el movimiento que inició la conquista de esta preciada condición para las instituciones académicas surgió en la Universidad de Córdoba en 1918, cuando estudiantes y profesores argentinos se manifestaron en contra de la injerencia del gobierno y la Iglesia católica en la designación de las autoridades universitarias y a favor de la democratización del conocimiento, entendida como el acceso de todos los sectores sociales a la educación superior, que hasta entonces había estado reservada a las clases sociales más favorecidas económicamente. ​ Más de un siglo después de la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, los desafíos han cambiado en sus formas, pero no en su esencia. Hoy, la tarea central sigue siendo la misma: garantizar que las universidades se mantengan como campos fértiles de libertad intelectual, capaces de responder a los problemas de su tiempo sin renunciar a su independencia académico-administrativa ni a su vocación social y que sigan siendo vehículos eficaces de movilidad social. ​ Las universidades públicas autónomas enfrentan un entorno global particularmente desafiante. Generan contribuciones invaluables para afrontar, de acuerdo con sus posibilidades, problemas tan complejos como la desigualdad, la violencia, el deterioro ambiental, la crisis democrática, la transformación tecnológica del trabajo y los riesgos sociales emergentes, por mencionar algunos. Pero, al mismo tiempo, enfrentan restricciones presupuestales, acosos a su autonomía y cuestionamientos al conocimiento científico. ​ Para responder a esos retos, necesitan margen de maniobra para innovar, reorientar programas, construir proyectos de largo plazo que no sean interrumpidos por cambios gubernamentales y que les permitan trascender la coyuntura económica y política, y, de esta manera, contribuir a la solución de problemas actuales y a la construcción de escenarios de largo plazo. La educación es, sin lugar a dudas, un factor decisivo para impulsar el desarrollo de los países, siempre y cuando reciba un apoyo sostenido a lo largo del tiempo.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la tradición temprana de la autonomía en México

En el caso de nuestro país, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ocupa un lugar destacado en la historia de la lucha por la autonomía universitaria. En 1923, siendo gobernador Rafael Nieto, distinguido diputado constituyente y funcionario público que fue decisivo para la reconstrucción nacional, obtuvo el reconocimiento de su carácter autónomo, convirtiéndose en una de las primeras instituciones de educación superior del país en asumir cabalmente ese principio.¹ ​ Esa autonomía temprana no fue sólo un acto jurídico, sino una afirmación de espíritu académico y de progreso. Desde entonces, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha demostrado que la autonomía universitaria es condición necesaria para materializar proyectos de largo aliento, formar nuevos talentos y ciudadanos críticos, así como contribuir al desarrollo científico, cultural y social de su estado y de México. Su trayectoria confirma que la autonomía bien ejercida es un factor de estabilidad institucional y de innovación responsable.

De Córdoba a México: la autonomía como conquista histórica

En el caso de la UNAM, la autonomía fue el resultado de una intensa movilización estudiantil e intelectual que inició prácticamente con su refundación, en 1910, y culminó en 1929. Ese proceso cimentó una nueva relación entre el Estado y la Universidad, basada en el respeto a la libertad de cátedra, al autogobierno y a la capacidad de definir, desde la propia comunidad, los rumbos del quehacer académico. ​ Aquella lucha no fue definitiva ni exenta de tensiones. La autonomía que nos confirió el presidente Emilio Portes Gil en la Ley Orgánica de 1929 fue limitada, dado que el presidente de la República conservaba la facultad de vetar las resoluciones del Consejo Universitario y de intervenir en la designación del rector. Cuatro años después se nos confirió la autonomía plena, pero se nos despojó de nuestro carácter nacional y del subsidio gubernamental, en gran medida como represalia por habernos resistido a adoptar la educación socialista.

Imagen cortesía del IISUE/AHUNAM, parte de su Colección Universidad.

​ Sería la Ley Orgánica de 1945 la que nos daría estabilidad y autonomía plena. En un ejercicio democrático doblemente encomiable en un régimen de partido único, los universitarios pidieron el arbitraje del presidente Manuel Ávila Camacho para resolver una crisis interna producida por la inoperancia de la Ley Orgánica de 1933. Obtuvieron la propuesta presidencial de formar una comisión de exrectores que nombrara un rector interino y elaborara una propuesta de nueva Ley Orgánica que fuera sancionada por un Consejo Universitario Constituyente, con el compromiso del presidente de la nación de enviarla sin ninguna modificación para ser aprobada. ​ El rector interino fue el abogado y antropólogo Alfonso Caso y el resultado fue la Ley Orgánica de 1945, que creó la Junta de Gobierno que ha dado, desde entonces, estabilidad y gobernabilidad a la Universidad Nacional Autónoma de México. La Junta de Gobierno ha permitido procesar las designaciones de autoridades universitarias sin polarizaciones políticas y ha resistido los intentos de interferencias externas. ​ A lo largo del siglo XX, la autonomía de nuestra casa de estudios fue puesta a prueba en distintos momentos históricos: durante los debates de los años treinta, frente a los intereses que buscaban imponer una orientación ideológica única o las presiones presupuestales; en 1968, cuando la violencia del autoritarismo marcó profundamente la conciencia universitaria; y, más adelante, ante modelos que pretendieron subordinar la educación superior a lógicas ajenas a su naturaleza. ​ Estas experiencias dejaron una enseñanza clara: la autonomía no se hereda, se ejerce y se defiende cotidianamente. En 1929, con la promulgación de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, ese principio quedó reconocido en un marco jurídico propio, pero no como punto de llegada, sino como punto de partida de una misión histórica.² En 1933 adquirió autonomía plena, pero sin suficiencia presupuestal y con una tendencia recurrente a la polarización política. Fue la Ley Orgánica de 1945 la que le dio a la UNAM un marco adecuado para su autogobierno. ​ Décadas más tarde, en 1980, la reforma al artículo tercero de la Constitución elevó la autonomía universitaria a rango constitucional, reforzando una conquista que las universidades ya ejercían en los hechos. Durante casi un siglo ha sido sostén y referencia de una autonomía que la comunidad ha defendido en diversas ocasiones frente a distintas coyunturas políticas y sociales.

Autonomía universitaria: libertad académica y gobierno propio

Para las universidades públicas, este valor significa, en términos concretos, la capacidad real de decidir, en el marco constitucional y legal, cómo se gobiernan, qué planes y programas de estudio ofrecen, qué prioridades científicas y culturales impulsan y cómo se organiza su vida académica. Implica también la facultad de administrar con responsabilidad y transparencia los recursos que la sociedad les confía. ​ No se trata de un privilegio institucional ni de un espacio de excepción. La autonomía no es sinónimo de aislamiento ni de ausencia de rendición de cuentas. Es, por el contrario, una condición necesaria para que el conocimiento se desarrolle sin subordinación a intereses partidistas, coyunturales o de grupo, sin renunciar a la obligación institucional de dar cuenta a la sociedad de cómo ejercemos la inmensa responsabilidad que nos ha confiado.

Estudiantes derriban estatua del Dr. Rafael García, Córdoba, Argentina, 1918. Museo Casa de la Reforma Universitaria. Copyrighted.

​ Sin autonomía, la libertad de cátedra se debilita, la investigación se vuelve vulnerable a presiones externas y la formación de nuevas generaciones corre el riesgo de responder más a agendas transitorias que a criterios académicos, con lo cual se comprometen el presente y el futuro, ya que se pierde la capacidad de formar profesionistas a la altura de las necesidades sociales. ​ La autonomía se manifiesta también en las formas de gobierno universitario. El funcionamiento de órganos colegiados, el sistema de pesos y contrapesos, la participación activa de estudiantes, académicos y personal administrativo, los procesos de designación de autoridades y las deliberaciones sobre planes de estudio e investigación son expresiones vivas de ese principio. Cuando estas prácticas se conducen con apertura, deliberación informada y apego a las normas institucionales, la autonomía se fortalece; cuando se distorsionan, se vacía de contenido.

Autonomía y responsabilidad pública: rendición de cuentas y ética institucional

Hablar de autonomía es hablar de responsabilidad pública. Una universidad autónoma debe ejercer con rigor y transparencia la gestión de los recursos públicos; está obligada a rendir cuentas a la sociedad y a demostrar que la inversión en educación superior, ciencia y cultura se traduce en beneficios colectivos. La autonomía no excluye la transparencia: la exige, pero con esquemas compatibles con la naturaleza académica de la institución, respetuosos de su vida interna y orientados a fortalecer, no a subordinar, el proyecto universitario. ​ De ahí que su defensa no recaiga únicamente en las autoridades; es una responsabilidad compartida por toda la comunidad. Cada estudiante que participa en los espacios de representación, cada profesora y profesor que ejerce con seriedad la libertad de cátedra e investigación y cada trabajador y trabajadora que actúa con ética y entrega contribuyen a sostenerla en la práctica cotidiana.

Autonomía universitaria frente a los riesgos globales y la necesidad de pensar a largo plazo

La autonomía universitaria se ejerce hoy en un contexto internacional particularmente complejo. De acuerdo con el reporte anual de 2025 de Scholars at Risk,³ entre julio de 2024 y junio de 2025 se registraron 395 ataques agrupados en 328 incidentes contra estudiantes, personal académico e instituciones de educación superior en 49 países y territorios. Más de la mitad de estos atentados implicaron violencia física, desapariciones o el uso de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.⁴ ​ Desde 2011, se han documentado poco más de 1 250 ataques violentos contra comunidades universitarias en el mundo. El “Academic Freedom Index” confirma una tendencia preocupante: entre 2014 y 2024, la libertad académica se deterioró de manera significativa en 36 de 179 países, mientras que sólo en ocho se observaron mejoras sostenidas.⁵ ​ Este panorama confirma que la defensa de la autonomía universitaria es un desafío global que no se limita a realidades autoritarias y que exige instituciones de educación superior capaces de actuar con determinación, firmeza y visión estratégica. A este entorno se suma una transformación estructural del mundo del trabajo que refuerza la centralidad de la autonomía universitaria como fundamento para pensar y actuar en el corto y mediano plazo: la acelerada transformación del empleo y de las habilidades exige universidades con capacidad real de adaptación. ​ De acuerdo con el Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, hacia 2030 el 22 % de los empleos actuales a nivel global se verá afectado por procesos de creación o desplazamiento y casi el 40 % de las habilidades hoy existentes se transformará o quedará obsoleta. Asimismo, 59 de cada 100 trabajadores requerirán algún tipo de recapacitación antes de 2030.⁶ Paralelamente, la desigualdad de oportunidades continúa siendo un obstáculo estructural para la movilidad social en México. De acuerdo con el informe Movilidad social en México 2025, al menos el 48 % de la desigualdad económica se explica por condiciones de origen, como el nivel educativo de los padres, los recursos del hogar o la región de nacimiento. ⁷

Imagen cortesía del IISUE/AHUNAM, parte de su Colección Universidad.

​ Asimismo, la mitad de las personas que nacen en el quintil más bajo de ingresos no logran superarlo a lo largo de su vida y sólo 2 % de ellas alcanza el quintil más alto. Lo anterior es un reflejo de que la desigualdad no es coyuntural y refuerza la responsabilidad pública de las universidades autónomas como uno de los principales mecanismos para ampliar oportunidades reales mediante educación de calidad y pensamiento crítico.⁸ ​ De igual forma, la educación superior constituye uno de los pocos factores capaces de romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. El mismo informe muestra que el 75 % de las personas cuyos padres tienen primaria o menos no alcanza el promedio nacional de escolaridad (9.4 años), y que las brechas de movilidad son significativamente mayores en regiones con menor presencia y fortaleza institucional. ​ Con este marco de fondo, las universidades públicas autónomas desempeñan un papel estratégico para reducir desigualdades, formar capital humano y generar condiciones de desarrollo social sostenido más allá de los ciclos económicos o políticos de corto plazo.⁹ Por estas razones, la autonomía universitaria es la condición que permite pensar a las universidades más allá del corto plazo, resistir a presiones coyunturales y actuar con visión estratégica y arraigo social. ​ Sin la autonomía, la universidad corre el riesgo de convertirse en una institución reactiva, limitada a responder urgencias inmediatas y perder su papel como espacio crítico, generador de conocimiento y brújula del progreso social.

Educación superior, desarrollo y vocación social

La educación superior no sólo cumple una función formativa y cultural; constituye también un sector estratégico para el desarrollo económico y social. Se estima que el gasto mundial en educación superior alcanzará casi diez billones de dólares¹⁰ hacia 2030, con una tasa de crecimiento sostenida. ¹¹ ​ La evidencia comparada muestra que las personas con educación terciaria presentan mayores tasas de empleo, mejores ingresos y mayores capacidades de adaptación en entornos productivos cambiantes. A nivel regional, el fortalecimiento de los sistemas universitarios tiene efectos medibles en innovación, productividad, creación de empleo y retención de talento. ​ En los países de la OCDE, la inversión en educación superior varía significativamente según el contexto; los datos más recientes indican que, en promedio, individuos de entre 25 y 34 años con educación terciaria presentan una tasa de empleo del 87 % en comparación con el 60 % de quienes no completaron educación secundaria superior, además de ganar casi el doble que estos últimos.¹² ​ Además, el impacto de la expansión universitaria en el crecimiento económico regional se puede medir: un aumento del 10 % en el número de universidades en una región incrementa su ingreso en aproximadamente 0.4 %, cifra que se multiplica con los efectos a largo plazo en innovación, creación de empleo y retención de talento.¹³ A nivel individual, existe un retorno estimado del 9 % en ingresos horarios por cada año adicional de escolaridad a nivel global.¹⁴

Imagen cortesía del IISUE/AHUNAM, parte de su Colección Universidad.

​ Estos datos confirman una importante relación entre educación superior de calidad, crecimiento económico sostenible y cohesión social, que configuran, sin lugar a dudas, un círculo virtuoso. Sin embargo, estos beneficios no se generan de manera automática; dependen de políticas públicas conscientes, de financiamiento suficiente y, de manera crucial, de universidades con la autonomía necesaria para definir sus prioridades académicas, científicas y de vinculación social.

Solidaridad interuniversitaria y defensa del sistema público de educación superior

La defensa de la autonomía universitaria no es un asunto local ni exclusivo de una institución. Lo que ocurre con una universidad autónoma repercute en el conjunto del sistema de educación superior. En ese sentido, fortalecer la autonomía de una institución fortalece a todas; debilitarla envía una señal de riesgo compartido. ​ En un entorno global que manifiesta un creciente deterioro de las instituciones democráticas, tanto en las relaciones internacionales como al interior de los países, las universidades se convierten en auténticos reservorios de las libertades de pensamiento, expresión y deliberación, y en semilleros de la restauración democrática. ​ Por ello, la solidaridad entre universidades públicas autónomas no es sólo un gesto simbólico, sino una necesidad estratégica para preservar el carácter público, plural, crítico y democrático de nuestras instituciones. ​ La UNAM reconoce en la UASLP una aliada histórica en esta tarea. Compartimos principios fundamentales: la defensa de la libertad de cátedra, el impulso de la investigación científica y humanística, el apoyo a la difusión y divulgación de la cultura y la formación de profesionales competentes y socialmente responsables. En un sentido más amplio, el compromiso con la educación, la ciencia, la cultura y la vida democrática del país. ​ Compartimos, sobre todo, una convicción: la autonomía no nos separa de la sociedad; nos obliga a servirle mejor, con mayor rigor, con mayor transparencia y con una responsabilidad pública acorde con la confianza que la nación deposita en sus universidades, a escuchar sus demandas y a poner nuestras capacidades técnicas y académicas al servicio del bien común.

Imagen de portada: Manifestaciones estudiantiles por la autonomía, 1929. Imagen cortesía del IISUE/AHUNAM, parte de su Colección Universidad.