Los archivos clasificados de Lecumberri

Quizás es demasiado simple. Quizás corro hacia la analogía, en su búsqueda, quizás es sólo la terquedad de encontrarla a toda costa. Pero cuando cruzo el portón de madera, tras los muros ennegrecidos y los torreones de vigilancia, lo pienso: aquí, los presos eran revisados, despojados de sus pertenencias, obligados a dar su nombre y sus señas; aquí eran forzados a declararse para entrar limpios a la sombra. ​ Quizás es la desconfianza que causa todo lo que se esfuerza demasiado en esconder su interior, pero al entrar al Archivo, tengo la sensación de estar entrando en una cárcel. ​ Fue en 2019. Unos meses atrás se habían desclasificado los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, en los que mi hermano encontró el nombre de nuestro abuelo, Armando Cassigoli, perseguido durante la dictadura de Pinochet, exiliado en México en 1973 y muerto en 1988, siete años antes de que yo naciera. Según la página de internet, el acta recién liberada constaba de veintisiete páginas, y debía solicitarla directamente en el Archivo General de la Nación, donde había permanecido bajo resguardo desde 1982. ​ Al recibir la noticia, mi reacción fue de una sorpresa casi sobrenatural. Hasta donde entiendo, mi abuelo no supo que fue espiado. Como todos, vivió tan bien y tan mal como se viven las vidas: trajinando, intentando llevar a efecto sus afanes grandiosos y banales, ignorante de que estaba siendo mirado. No supo, no pudo saber, que dejaba tras de sí un registro involuntario que por siempre habría de retrasar su biografía. Pensé: las veintisiete páginas desclasificadas son la posibilidad sagrada de conocer a un hombre muerto a través de los ojos de su espía. ​ Sin mediar saludo, un policía me pregunta el motivo de mi visita. Contesto que vengo por un archivo desclasificado. Enarca las cejas, dos azotadores amenazantes, y me explica que tendré que esperar un par de horas. “Los archivistas están muy ocupados”, dice. La frase me suena curiosamente distópica: imagino guantes de látex, cubrebocas, hisopos; la calmada burocracia de las batas blancas en oficinas recluidas.

​ Para matar el tiempo, hago el recorrido turístico de la zona penitenciaria. En el grupo somos siete: una mujer con una niña, un adolescente aburridísimo, una pareja de turistas, y una señora de unos setenta años, con corte militar y dentadura postiza, que se convertirá en mi némesis durante la visita. Recorremos los muros exteriores —donde Madero y Pino Suárez fueron asesinados—, la morgue y la psiquiatría. Escuchamos las historias sobre Revueltas, Gregorio, Siqueiros y Juan Gabriel. La guía recita mecánicamente los párrafos de la página oficial del AGN. Finalmente, pasamos por los torreones y vemos las celdas, ahora con los muros derribados. ​ Es curioso: uno de los argumentos blandidos por aquellos que se oponían a la demolición de Lecumberri, antes de convertirse en el Archivo, fue el valor que tenía la cárcel como patrimonio arquitectónico. El edificio, según esta lógica, no era responsable de lo que había sucedido en él. Se olvidaban, sin embargo, de algo que compete a la idea básica de toda arquitectura: un edificio no es únicamente un ente material, sino, ante todo, un espacio de experiencias, de prácticas posibles. Antes que la piedra, lo que se esculpe es una idea. Y en el caso de Lecumberri, lo más relevante es también lo más evidente: tanto en su concepto como en su diseño, es un lugar dedicado a la reclusión. Una cárcel. Y no cualquiera, sino un panóptico. ​ Clasificar un documento tiene un objetivo en apariencia simple: separar, a toda costa, el texto de su contexto. Las condenas de congelamiento duran el tiempo suficiente para ver morir a sus lectores naturales, y se aseguran así de su caducidad: el rastro de vida que palpita en el archivo deja de latir, abandona tras de sí su cadáver. La memoria viva se transforma en historia; en este sentido, es tejido marchito, es decir, pasado. La clasificación, sin embargo, supone también una promesa: el momento en el que el documento obtendrá su libertad. De tal modo, el archivo se asume como un estadio pasajero; es el resguardo sólo provisional de lo que después podrá circular nuevamente; en este otro sentido, es porvenir, es decir, futuro. Como un prisionero, el documento cumple una pena que lo prepara para el momento de volver a integrarse en la sociedad. ​ Quiero huir de la ironía, pero soy incapaz. Lecumberri, una prisión que se convirtió en aparato de espionaje. Una cárcel que dejó de ser cárcel para convertirse en el Archivo del Estado mexicano, en el que, años más tarde, cumplió sentencia el documento del espionaje que ese mismo Estado le hizo a mi abuelo. ​ Llegamos a la estancia central, una circunferencia donde antes se alzaba la torre de vigilancia, y desde la cual, como rayos de sol, se despliegan las crujías en todas direcciones. “El panóptico era un sistema perfecto para vigilar a los criminales”, dice la guía. “Qué increíble”, aporta la mujer de corte milico. Después, señalando una de las crujías, nos informa que allí se recluía “a los de alta peligrosidad, incapaces de ser reformados”. “A ésos, es mejor dejarlos incomunicados”, opina la desdentada. Finalmente, cuando se nos explica que los presos eran obligados a realizar trabajos forzados, mi enemiga comenta: “si no, habrían estado de flojos todo el día”. Como bullen en mí todo tipo de pensamientos homicidas, pregunto por los documentos. La guía responde que, hasta el 2018, permanecieron resguardados en las crujías; el espacio se adaptaba muy bien, añade, porque permitía un acceso fácil a los archivos. ​ Después se movieron, porque las celdas eran demasiado húmedas. ​ Pienso en una imagen de vértigo: miles de fichas de espionaje, ordenadas como un regimiento dentro de los archiveros, carcomidas por el tiempo, arrumbadas en las crujías. Una idea burocrática que maquilla lo obvio: en cada ficha está registrada la intimidad de miles de hombres y mujeres, muchos de ellos muertos. Encapsuladas para siempre en letras, habitan sus palabras, sus gestos, sus risas. Como si, obligados a esta existencia límite, cumplieran condena allí sus fantasmas, anhelantes, palpitantes de vida, pero detenidos para siempre en el tiempo de su encierro.

​ Mi abuelo está condenado a decir por siempre las mismas palabras, ir a los mismos lugares, repetir los mismos chistes. Pero mi abuelo está muerto. No es él quien habita su ficha. ​ Es su doble, su simulacro. ​ Corrijo: no fue la terquedad de encontrar la analogía a toda costa, puesto que, en el fondo, no era en absoluto una analogía. Lecumberri es, literalmente, una cárcel. Al menos lo fue durante casi ocho décadas, desde 1900 hasta 1976, cuando dejó de albergar prisioneros. Su destino, tras la demolición, era convertirse en un parque, la Alameda oriente. Aunque la posibilidad era tan buena y tan mala como cualquiera, tras la presión de algunas personalidades públicas, el presidente Echeverría aceptó la conversión del edificio en el AGN. ​ Una idea osada: convertir una cárcel en un archivo. No sé si se trata de un optimismo admirable o una ironía involuntaria, así que me limito a construir la imagen: cambiar prisioneros por documentos, crujías por salas de consulta, guardias por archivistas. Si es imposible redimir el pasado, es posible, al menos, redimir un edificio. Y para la redención, no hay nada mejor que la vieja sencillez de las oposiciones: en vez del Palacio Negro, con sus guardias y sus celdas de castigo, ahora es un patrimonio público. Lejos están ya los jóvenes del 68, los procesados de la Guerra Sucia; lejos está ya la sangre. El nuevo rostro de Lecumberri es bienintencionado, mira hacia afuera y abre las puertas que había cerrado. ​ La historia, finalmente, está hecha de paradojas crueles y felices: lo que en un inicio es un crimen, puede ser absuelto en la memoria como expiación.

​ Quizás se trata de una cuestión de lenguaje. Archivo liberado, Datos sensibles, Desclasificación. Me desconcierta el ánimo higiénico que mezcla eufemismos, metáforas, nombres de fantasía. Recordé haber escuchado esas palabras de niño en alguna película de espías. A la luz de una farola a mitad de un callejón, dos hombres en gabardina y sombreros hopperianos fumaban cigarros sin filtro.“Lo lamento, Tom. Los archivos están clasificados”, susurraba uno, el soplón de pómulos salidos a quien esperaba en casa una madre enferma. El otro, un detective alcohólico con problemas existenciales, escupía entonces una hebra de tabaco, con lo que daba a entender que las cosas se habían complicado irremediablemente. ​ Tuve que esperar a la adultez para caer en cuenta de la ambigüedad que había intuido de niño. Pues sólo entonces caí en cuenta de que la palabra “clasificación”, además de la prohibición gubernamental sobre un archivo, tiene un sentido menos heróico: la “acción de ordenar, agrupar o jerarquizar elementos en categorías o características comunes”, según la RAE. De acuerdo con esta definición, todo archivo está siempre clasificado desde el momento mismo en que es archivo, es decir, desde que su contenido responde a un orden, una distribución jerárquica que lo interpreta dentro de un conjunto. Clasificar: ordenar la lectura, encerrarla ​ en su categoría, agruparla en su conjunto. ​ Hacerle cumplir su condena para encontrar su tiempo. ​ En la Sala de Consultas hay un hombre con una bata azul detrás de una pantalla de mica. Tras recibir mis documentos, dice que puedo acceder al archivo desde una de las computadoras. “¿Y el original?”, pregunto. “Ya fue digitalizado”, responde. Me mira con cansancio, como si reconociera en mí la frivolidad del fetichismo. Antes de despedirme me doy la vuelta. ​ —¿Viene mucha gente a consultar archivos desclasificados? ​ —Muchísima. Sobre todo gente mayor. Pero no salen muy contentos. Son cosas que no quieren saber, o de las que no se quieren acordar. Ya pasaron muchos años.

​ Tengo vergüenza de recordarlo: cuando supimos del documento, mi madre se mostró evasiva, arisca, casi amarga. Mis hermanos y yo urdíamos planes, resolvíamos posibles trabas burocráticas, imaginábamos escenarios hollywoodenses de agentes dobles con pistolas diminutas y barbas postizas. Mi madre callaba. Quizás es normal: ser espiado es ser importante; sólo se espía a quien vale la pena. Y aunque el gesto es indigno, también es común que a la menor provocación blandamos los sufrimientos de nuestros antepasados; compitamos, maquillemos y exageremos las miserias de nuestras genealogías porque pensamos que de algún modo nos certifica de un linaje. En ningún momento nos detuvimos a pensar lo que era obvio: mi madre no pensaba en barbas postizas ni pistolas, sino en que esa acta consignaba la vida, o un pedazo al menos, de su padre muerto. ​ La historia también es una serie de ocurrencias desfasadas; causas con efectos involuntarios, errores cultivados con pasión de aciertos. Se me ocurre que la lectura de este expediente es inversa a la de un testamento. Si éste hace su viaje hacia el futuro, como un texto que se adelanta al final, un documento clasificado y posteriormente liberado tiene el efecto contrario: viaja al pasado. El gesto es violento y hasta perverso, pues no deja al muerto morirse, lo prolonga, lo condena a seguir hablando, opinando, decidiendo. Se le sustrae su sagrado derecho de callar. De encontrar su final. ​ Si mi madre estuviera muerta, ¿me atrevería a mirar el documento de su espionaje? ¿Querría saber? Y, ¿saber qué, exactamente? Me aterra la idea del desengaño: la voluntad sorda y definitiva de buscar la verdad a pesar de todo. Hacer una historia. Una situación dramática, un suspenso, un final que cierre y unifique. Pero no quiero poner orden. Las historias están destinadas a terminarse, pero la vida no lo hace nunca. No lo pensé en ese momento, al ver a mi madre, pero lo pienso ahora. Leer ese documento es hacerle un último espionaje a mi abuelo.

Quisiera declarar la deuda de este ensayo con William Brinkman Clark y su artículo El Archivo Negro. Operaciones penitenciarias y archivísticas en el Palacio de Lecumberri, cuya lectura despertó algunas de las reflexiones aquí vertidas.

Imagen de portada: Ángela Bonadies, Palacio Negro [serie de fotografías impresas o duratrans en cajas de luz], 2011.