Las cárceles: espacios para los enemigos desechables

En 1972, Italo Calvino publicó Las ciudades invisibles, un relato insólito en el que dibuja los rasgos de un conjunto de ciudades imaginarias. Leonia, por ejemplo, se caracteriza porque cada día desecha cosas para quedarse sólo con las nuevas. Tan es así, dice Calvino, que la verdadera pasión no es gozar lo nuevo, sino, más bien, “expeler, alejar de sí, purgarse de una recurrente impureza”. El problema es que los desechos se acumulan afuera de la ciudad y se apilan en montañas de basura pues, cuantas más cosas expele Leonia, más acumula, y cuanto más crece la pila de desechos, más inminente parece el derrumbe de la mole que amenaza con borrar toda traza de la ciudad que viste siempre ropa nueva. ​ Un dilema semejante enfrenta el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele en un contexto en el que las violaciones a los derechos humanos se siguen acumulando. Recordemos que, tras una masacre cometida por pandilleros en marzo de 2022, Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa un régimen de excepción, originalmente por treinta días, mediante el cual suspendió diversos artículos constitucionales; entre ellos, los relativos a la libertad de asociación, el derecho a ser informado de las razones de la detención, a no declarar, a la asistencia de un defensor, etcétera. La suspensión de garantías se mantiene hasta la fecha, con lo cual se sustituyó el régimen de derecho fundado en garantías ciudadanas por el régimen de Derecho penal del enemigo, llamado así por Günter Jakobs en 1985.¹ ​ Para comprender el dilema que enfrenta El Salvador, hay que tomar en cuenta que se han cometido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso, torturas y todo tipo de malos tratos en prisión. Todas estas transgresiones, como la pila de desechos que se acumulan a las afueras de Leonia, se hallan a punto de derrumbarse. El Salvador, a pesar de la popularidad de Bukele, enfrenta el panorama, insostenible, de tener una población de tal magnitud en prisión, pues, por precarias que sean las condiciones, no es viable; al mismo tiempo, difícilmente se podrá dar marcha atrás a estas medidas. Es decir, aplicar estas medidas de manera indefinida podría resultar contraproducente, ya que no sería complicado demostrar que un régimen autoritario que violenta las normas con poca legitimidad puede reclamarle a los ciudadanos por los delitos que cometen. Algunos especialistas han sugerido que, para salir de este callejón sin salida, se requerirá implementar un conjunto de pasos encaminados a terminar con el estado de excepción y regresar de manera paulatina al restablecimiento del estado de derecho y las libertades civiles.

Una mujer y un hombre se toman de la mano en un programa de reinserción social no gubernamental para exprisioneros, San Salvador, 2021. Todas las fotografías son de Ana María Arévalo Gosen, de la serie Días eternos sobre cárceles de mujeres en Latinoamérica. Cortesía de la autora.

​ En México las cárceles son, sin duda, uno de los desafíos más grandes para la seguridad y la justicia, un eslabón que, a pesar de desempeñar un papel crucial, nadie quiere voltear a ver. La mayoría piensa que los que están ahí se lo tienen bien ganado y casi nadie se preocupa por conocer esos espacios, por acercarse a ver cómo viven quienes, en los hechos, son tratados como desechables. “Que los refundan ahí el mayor tiempo posible”, suele ser la expresión más frecuente entre quienes dicen buscar justicia. Tampoco nos queremos detener a pensar en las consecuencias que tienen para la sociedad la negligencia y el abandono que experimentan las prisiones, la estigmatización y la expulsión, muchas veces sin retorno, de aquellos que, después de estar en la cárcel, habrán quedado excluidos para siempre de la acción social ordinaria. ​ Me interesa destacar que el confinamiento tiene efectos dañinos muy graves, no sólo en los internos, que de múltiples formas ven deteriorada su salud en cuanto pisan una prisión, sino también en el tejido social de quienes gozan de libertad y, especialmente, en sus seres queridos más cercanos. ​ La prisión nos ofrece múltiples paradojas. Por un lado, no vemos ni escuchamos lo que ahí ocurre porque se tiene el cuidado de ocultarlo tras sus grandes muros, pero, por otro, todo lo que sucede dentro no es sino una réplica, una manifestación amplificada y muchas veces grotesca de los conflictos y las contradicciones que caracterizan a una determinada sociedad. En este sentido, las cárceles son un microcosmos capaz de revelar aquello que la sociedad pretende esconder, además de ser, al mismo tiempo, los espacios desde donde se administra y organiza la actividad criminal. Lejos están de ser, como todos sabemos o sospechamos, las instalaciones que, según la ley, rehabilitan al delincuente para devolver un individuo sano a la sociedad. Hace tiempo que nadie cree en esta coartada, sobre todo desde que hemos podido constatar, con datos inobjetables, que quienes se encuentran ahí no son necesariamente los delincuentes de mayor calado, sino una y otra vez jóvenes pobres de zonas marginadas. La cárcel, lejos de reformarlos, acentúa y perpetúa su exclusión. ​ Durante los últimos siete años, que abarcan los del gobierno de López Obrador y el actual, ha prevalecido una política del Derecho penal del enemigo, que se caracteriza por un conjunto de normas enfocadas a restringir las garantías procesales a quienes se etiquetan como peligrosos, terroristas o miembros del crimen organizado.

Un grupo de mujeres en su clase de deportes en el penal Ana María Campos II, Maracaibo, Venezuela, 2018.

​ La puesta en marcha de este modelo ha ocasionado que la población en prisión se haya incrementado en 25 % durante este periodo —de 197 988 personas privadas de libertad en diciembre de 2018 a 261 388 en febrero de 2026—,² como resultado del uso indiscriminado de la prisión preventiva oficiosa, medida que contradice los principios del debido proceso, establecidos internacionalmente en instrumentos jurídicos que nuestro país ha firmado. De ahí que hoy tengamos cada noche a poco más de cien mil personas durmiendo en prisión sin que se les haya comprobado la comisión de ningún delito, pues no han recibido sentencia y se hallan “en proceso”. Estas personas representan el 42 % de quienes habitan alguno de los 276 centros penitenciarios de nuestro país, 262 de los cuales son estatales y 14 federales. Vale también agregar que, de las personas privadas de libertad, 94 % son hombres y 6 % mujeres, aunque en los últimos años se ha incrementado el encarcelamiento de mujeres jóvenes.³ ​ Lo que resulta incomprensible —o no tanto, si se piensa que se les considera enemigos desechables— es que, a pesar del incremento en la población penitenciaria, el presupuesto asignado a las instalaciones se ha ido reduciendo en los últimos años, lo que contribuye a exacerbar las ya de por sí precarias circunstancias de vida en estos espacios, incluyendo las deplorables condiciones de trabajo del personal penitenciario.⁴ A este recorte presupuestal debe atribuirse el que cada año se reporten más motines, riñas, suicidios y homicidios, lo que da cuenta del incremento de la conflictividad y la violencia conforme se reducen todo tipo de recursos y crecen las dificultades para sobrevivir en prisión. ​ Por si ello no fuera suficiente, los catorce centros federales absorben más de la mitad del presupuesto que se destina a las prisiones, aun cuando sólo representan el 5 % de los establecimientos penitenciarios. La manutención de cada interno en uno de estos centros cuesta más de diez veces lo que se destina por recluso en cualquier otra cárcel. Esto es consecuencia del elevado costo que se paga a las empresas privadas, bajo el esquema de Asociación Público-Privada, que construyeron y administran ocho centros penitenciarios federales.⁵

Familiares de María Araujo, de diecinueve años, visitan su centro de detención del CICPC El Rosal, Caracas, Venezuela, 2022.

​ Otro grave problema es que el Estado ha dejado en manos de los grupos delictivos el control de los penales. Con ello, ha abandonado a su suerte a quienes no forman parte del grupo al que, en cada caso, ha cedido el control, dejando a los más vulnerables expuestos a todo tipo de vejaciones y privaciones. Así lo ilustra Lucio, un interno que pasó veintisiete años en una prisión de Monterrey, tras los cuales fue declarado inocente y puesto en libertad: “Fue el jefe de custodios quien dio la orden de que se usara la fuerza letal y yo vi cómo quemaron a catorce personas que estaban en el pabellón psiquiátrico”. Todos pertenecían a un mismo grupo delictivo, distinto al de los responsables de ese supuesto accidente. ​ Tampoco puede ignorarse que los penales son centros de extracción de grandes cantidades de recursos que autoridades y criminales se reparten al consentir la venta de drogas, de espacios y privilegios, así como de “permisos” que permiten el negocio de la extorsión y para ello autorizan el uso de celulares. También se cobra por el pase de lista, por mandar llamar a un interno, dejar pasar alimentos y medicinas o recibir protección. ​ Es así que se producen los mayores daños al tejido social, ya que son las familias las que deben costear la estancia de sus seres queridos en prisión. Y de este modo que la sustracción de la dignidad interna, se extiende hacia afuera. La familia lleva alimentos para completar los que el Estado no provee, o medicinas, que tampoco otorga, así como todo tipo de bienes, desde productos de higiene personal hasta ropa y otros enseres básicos. María, la esposa de Lucio que, junto con sus hijos, lo visitó mientras estuvo en prisión, rememora: “Yo le llevaba su comida cada semana o cada quince días. Recuerdo que, cuando había motines, salían a maltratarnos y nos empujaban o nos aventaban gases lacrimógenos y, aunque nos agredían, todas las mujeres queríamos saber de nuestros esposos… También me daba gripa por el frío de estar acampando a la intemperie… son cosas que nunca terminaría de contar… A veces, llegábamos a las cinco de la mañana y pasábamos hasta las doce y nos decían que la visita se acababa a las dos; se nos hinchaban los pies de estar tanto tiempo paradas”. ​ Otro grave problema es el régimen de máxima seguridad bajo el cual operan los catorce centros federales. Éste denominado de segregación, implica que las personas privadas de libertad permanezcan durante veintitrés horas en sus estancias sin poder realizar ninguna actividad laboral, educativa o de otro tipo. Sólo tienen una hora para hacer un poco de ejercicio, pero también dentro de un área confinada. ​ Las consecuencias de este sistema han sido documentadas por estudios rigurosos que muestran el efecto deshumanizante del confinamiento solitario que provoca: ansiedad, pánico, pérdida de control, rabia, paranoia, alucinaciones, automutilaciones e, incluso, la muerte social, un deceso que se produce tras el alejamiento de una persona de la sociedad que las declara, de alguna forma, inservibles o invisibles.⁶ Esta muerte también se genera por la indiferencia hacia las personas recluidas, causándoles un malestar y sufrimiento que destruye de tal manera su personalidad y su dignidad que, aunque sigan teniendo signos vitales, socialmente han dejado de existir. ​ En vista de todo lo anterior y de las experiencias sociales más recientes, no resulta exagerado afirmar que nuestro país no podrá alcanzar la paz mientras las cárceles continúen siendo espacios para quienes, en los hechos, son considerados enemigos desechables y a quienes, cotidianamente, se denigra y degrada en su condición humana.

Escucha el Bonus track de Elena Azaola, con Fernando Clavijo M.

Imagen de portada: Las mujeres sin sentencia de la Prisión de Ilopango lavan sus platos después de la comida, El Salvador, 2021. Todas las fotografías son de Ana María Arévalo Gosen, de la serie Días eternos sobre cárceles de mujeres en Latinoamérica. Cortesía de la autora.