La ley del 10 de julio de 1929 concedió a la Universidad autonomía y libertad de acción, también responsabilidades. Desde entonces se han ido aplicando diversas reformas a varios niveles: estructura burocrática de la institución para obtener un rendimiento máximo de los departamentos administrativos y reformas que atañen a la calidad de la enseñanza (planes de estudio, profesorado, organización de las disciplinas).